Entrevista realizada por la Revista Rumbo Minero al Director de SAMMI - Clúster Minero Andino, Benjamín Quijandría.
¿Cuál es la situación actual de SAMMI - Clúster Minero Andino?
SAMMI - Clúster Minero Andino nace a partir del proyecto Clúster Minero del Sur, una iniciativa conjunta de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que fue lanzada en el año 2019. El proyecto busca sentar las bases de un clúster minero en esta macro región, articulando al sector privado, mineras y proveedores, con la academia y el sector público, con el objetivo de impulsar el desarrollo de un sector de proveedores de base tecnológica que multiplique los beneficios de la minería a nivel económico y social. Creada sobre esa base, SAMMI – Clúster Minero Andino, es una institución con personería jurídica que permitirá darle a la iniciativa sostenibilidad en el tiempo y un alcance nacional.
¿Cuáles enumeraría como los principales avances que ha registrado el proyecto desde el inicio de sus actividades?
Diría que el habernos posicionado como un actor relevante en el sector y venir instalando una narrativa que congrega a cada vez más actores. Y es que una minería moderna, que respeta el medio ambiente
y que impulsa la innovación, genera encadenamientos productivos de alta y baja tecnología; y eso, a su vez, genera desarrollo en las regiones donde opera, lo que es un motor para que el Perú sea más desarrollado y próspero.
Sin embargo, basados en las nefastas experiencias que dejó la minería estatal del siglo pasado y en sus ideologías caducas, hay grupos que cuestionan y niegan ese aporte.
Sí, pero la minería moderna, que es la que se desarrolla hoy en el país, ya no opera como enclave, sino que genera la aparición de un variado rubro de empresas de equipos, manufactura, tecnología y servicios locales, que hace que la actividad prácticamente duplique su impacto sobre la economía. Ese es el caso de Chile, donde la actividad minera representa casi el 17 % de su PBI, si consideramos el 9 % de las mineras y el 8 % de sus proveedores. Y casos similares son los de Australia y Noruega donde, si sumamos el PBI de mineras y proveedores, llegan al 15 % y 22 % de su PBI, respectivamente. En el Perú, ese porcentaje es menor. No obstante, es alentador saber que desde el año 2001 en adelante, por ejemplo, se han creado en el país más de 5 mil empresas proveedoras de la minería, las que hoy representan más del 3 % de nuestro PBI.
Según su análisis, ¿Qué acciones concretas se deberían adoptar desde el Estado para consolidar o potenciar lo avanzado por el proyecto?
Antes que nada, se debe construir una política de Estado en torno a la minería. Ella debe incluir una visión común para los próximos 30 años, además de objetivos bien definidos y una serie de proyectos que nos permitan alcanzarlos. Este es un proyecto de gran envergadura que debería ser asumido, de forma conjunta, por el Estado y el sector privado, y donde todo el aparato público se debería poner a disposición de promover mayor inversión minera, que sea moderna, verde e inclusiva. El Perú no puede perder la ventana de oportunidad que nos ofrecen las mega tendencias globales de lograr una economía carbono neutral para el año 2050, las cuales están generando un impulso sin precedentes en tecnologías bajas en carbono. Entre estas están, por ejemplo, los paneles solares, las turbinas eólicas y la electromovilidad, con lo que se proyecta un incremento importante en la demanda de metales críticos para el cambio climático, como son el litio y cobalto, pero también otros de los que somos productores, como cobre, plata, cobre y molibdeno. Ante eso, el Estado tiene la obligación de impulsar iniciativas que consoliden la conformación de clústeres y ecosistemas
mineros que generen mayores encadenamientos productivos, más inversión en investigación y desarrollo; así como lograr que los ingentes recursos que genera el sector sirvan para mejorar la infraestructura y servicios de las zonas de influencia y regiones mineras.
En esa misma línea, ¿Qué medidas, decisiones o acciones podrían adoptarse desde el sector minero -gremios, instituciones y empresas mineras- para consolidar o potenciar lo avanzado en el proceso?
Dada la ausencia de liderazgo del Estado, es imperativo que el sector privado tome ese rol. Y para eso debe impulsar a construcción de una hoja de ruta que incluya a todos los actores, empresas, academia, Estado y, muy importante, organizaciones que representen a la sociedad civil.
¿Está preparado el sector privado para asumir esa tarea?
La empresa es compleja, pero debemos iniciar un diálogo nacional en torno a la minería y ponernos de acuerdo en torno a temas concretos, como la participación de las comunidades y la licencia social, por ejemplo. En ese esfuerzo, debe quedar claro que la minería moderna no es una amenaza para actividades como la agricultura o ganadería, sino todo lo contrario, puede convivir con ellas y potenciarlas. En esa línea, se debe desarrollar una narrativa común en torno a la minería, más cercana al ciudadano común, de forma que ella sea fuente de orgullo, así como nuestra gastronomía y el turismo. Es posible, pero se requiere mayor participación de empresarios y ejecutivos que permitan difundir los beneficios de la minería para la población, porque para acercar la minería a la población, se necesita ponerle más rostros al sector.
Entre los indicadores del país relacionados al sector, uno de los que ha registrado caídas sostenidas en los últimos años, es el de la competitividad.
¿Cuáles identificaría como los factores que nos impiden alcanzar los máximos niveles en ese rubro?
El carecer de una política de Estado y reglas claras para el sector, porque no es posible que el Gobierno conceda permisos, que en su mayoría toman años para su obtención, y a la primera protesta ponga en tela de juicio todo el proceso. La inversión minera involucra montos de cientos o miles de millones de dólares y plazos que se contabilizan en décadas, por lo que sin estabilidad jurídica no es ni será posible contar con una minería que impulse el desarrollo del país. A ello se suma la ausencia total de fomento a programas que impulsen mejoras productivas e innovación en el sector minero. Así lo han hecho países como Australia, Canadá, Noruega o incluso Chile, que han implementado políticas públicas para fomentar la competitividad y mayores niveles de inversión en investigación y desarrollo en sectores estratégicos, como la minería. Ese impulso es fundamental para avanzar hacia un ecosistema minero maduro y en desarrollo.
Una traba fundamental para lograr ese objetivo, sin embargo, es la actual situación política por la que atraviesa el país. ¿Qué decisiones y acciones cree que deberían adoptar los actores políticos para revertir esa situación?
Aislar la discusión de cómo fortalecer los sectores que impulsan el crecimiento del país y que tienen el potencial de ser motores de su desarrollo -como la minería, agroindustria o el turismo- de la polarización política, porque si no lo hacemos, vamos a desaprovechar la oportunidad para que nuestro país se encamine hacia la prosperidad, que es totalmente factible. Los actores políticos deben ser responsables y separar del debate político e ideológico la discusión política de gestión sectorial, la cual se puede lograr poniendo a cargo de esta a cuadros técnicos y con experiencia. Es posible hacerlo; solo se requiere voluntad política y la participación de la sociedad civil. Es urgente, además, recuperar a los profesionales públicos con capacidad técnica que lamentablemente han sido expulsados ahuyentados de ministerios y entidades públicas, ya que es conocimiento y experiencia que no podemos darnos el lujo de perder.
En paralelo a PERUMIN, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa presentó el Informe de Innovación Minera Peruana. ¿Qué puntos de ese informe destacaría en relación al proyecto?
En efecto, esa es una publicación que resume la gestión de nuestro Programa de Innovación Abierta en los últimos tres años. Ese informe comprende desde nuestra metodología de trabajo hasta cifras interesantes, como que se identificaron más de 100 problemas operacionales de nuestras mineras socias, de los cuales se seleccionaron 20 desafíos y se recibieron más de 150 soluciones, 80 % de origen nacional y el resto de países como Chile, EEUU, Australia y Finlandia. Además, en él se destacan los casos de éxito, aquellos en los que las soluciones han llegado a instancias de prueba y pilotaje. Un hecho a destacar es que ahí también presentamos a la primera Asociación de Proveedores de Base Tecnológica de nuestro país, METS Perú, que congrega a ocho empresas que desarrollan soluciones para ser aplicadas a la minería, las que van desde la robótica y drones hasta machine learning e inteligencia artificial.
Además de los del sector, ¿Qué otros actores ajenos a la industria son los que más decididamente vienen participando del proyecto?
Varios actores importantes vienen participando para la consolidación del ecosistema que estamos construyendo. Partiendo por la academia, que es fundamental para el proyecto, por lo que nuestro objetivo es realizar esfuerzos más sistemáticos para integrar a las universidades e institutos técnicos en los proyectos e iniciativas, especialmente aquellas que involucran innovación tecnológica. De hecho, ya hemos tenido experiencias interesantes vinculando a algunas de las empresas seleccionadas en el Programa de Innovación Abierta con universidades, ya sea para que apliquen de forma conjunta a fondos para financiar sus soluciones o para cubrir capacidades técnicas necesarias para desarrollar un prototipo o validar una tecnología. Igual viene ocurriendo en el diseño del Programa de Desarrollo de Proveedores locales, que venimos trabajando con nuestro socio minero Southern Perú, con el que se ha realizado una alianza con la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), de Arequipa, para la elaboración de los contenidos y material que se ofrecerá a las empresas.
LOS EFECTOS DE LA CONFLICTIVIDAD
¿Qué consecuencias han tenido sobre el proyecto las situaciones de conflicto que han afectado las operaciones mineras en diversas regiones del país?
En general, tanto la crisis política y el aumento de la conflictividad, en torno a la minería, está afectando a todo el sector. Para que la minería se desarrolle y genere beneficios económicos y sociales, se requiere de estabilidad, de un marco jurídico claro y de autoridades que impulsen los proyectos de inversión formal, con respeto al medio ambiente y generación de desarrollo local; y eso no está sucediendo por la polarización política e ideológica. Y ante eso, debemos ser pragmáticos: la minería es una palanca que nos puede impulsar a ser un país más desarrollado y próspero, por lo que deberíamos llegar a un consenso sobre ese punto para que, independiente del gobierno de turno, el sector se fortalezca.
TAREAS CUMPLIDAS Y PROYECTADAS
¿Qué acciones se han desarrollado y se desarrollarán como parte del proyecto?
Empezamos el 2019 con el lanzamiento del primer Programa de Innovación Abierta en Minería. El objetivo fue impulsar mejoras en la productividad de las empresas mineras y oportunidades concretas para otras que hayan desarrollado soluciones innovadoras para el sector. El programa viene operando con mucho éxito y buscamos ampliar su alcance a nivel nacional a partir del próximo año. Además, el año pasado presentamos el primer Estudio de Proveedores Mineros, que construye el primer perfil del sector e identifica los principales obstáculos y desafíos que enfrenta para su crecimiento, tal como lo hacen de forma periódica en países mineros como Australia y Chile. Nuestra idea es actualizar el estudio cada 2 o 3 años. Y este año, estamos por terminar una hoja de ruta binacional, para Perú y Chile, en alianza con la Corporación Alta Ley, para la implementación del hidrógeno verde en la minería. El proyecto empezó el año pasado y cuenta con la participación de importantes mineras globales, como BHP, Anglo American y Freeport McMoran, y otras de ambos países, como Codelco, Antofagasta Minerals, Buenaventura y Minsur. Próximamente presentaremos los resultados, que comprenderán nueve proyectos priorizados para que la minería genere una demanda base para la futura industria de hidrógeno verde de Perú y Chile. Igualmente, para el 2023 tenemos proyectada la creación del primer Centro de Excelencia para la Minería, que brindará servicios de asistencia a los proveedoras locales y regionales; y que, además, se encargará de validar y pilotear tecnologías que surjan, por ejemplo, en nuestro programa de innovación abierta. Otras actividades que ya hemos desarrollado son la implementación de un Programa de Compras Locales, que estamos trabajando con Southern Perú; un estudio de transparencia en compras mineras, en alianza con Mining Shared Value, GIZ y EITI; y el lanzamiento de METS Perú, la primera Asociación de Proveedores de Base Tecnológica.
Fuente: Rumbo Minero N° de Edición 149
